Buenos Aires Herald editorial (Spanish version below)

Over six months into his presidency, Javier Milei is about to pass his first laws. 

The Ley Bases and the fiscal package have now been given the green light by Argentina’s Upper and Lower Houses alike. Deputies have to approve or reject the modifications introduced by the Senate in a session that’s expected to happen in the second half of this week. But, give or take the modifications, the projects will become the law.

The version of the Ley Bases the Senate passed was trimmed significantly from the project that came in, but controversial provisions stripped out during the negotiations could make their way back in when the project returns to deputies.

There are some important incognitos. Milei’s government could push for the version of the bill approved by Deputies, reincorporating the provisions dropped along the way. This would be legal, but the opposition has made it clear that such a move could severely harm the relationship between the legislative and executive branches.  

Chief among these unknowns is the matter of privatizations. The senate opposition managed to remove Aerolíneas Argentinas, mail company Correo Argentino and state-owned media group RTA from the list of companies up for privatization, but they’re not off the auction block yet. Chief of Staff Guillermo Francos later said that there was no agreement with the opposition regarding their fate. If that modification is rejected by deputies, the companies could still be sold off.

Francos has also stated that the government will insist on reinstating two key provisions in the fiscal package that the Senate struck down: a lower income tax threshold and cuts to personal asset tax. 

Vaguely worded and poorly defined

What we do know is that anything approved by deputies and passed unchanged by the senate will become law either way. We already know that President Milei has been granted legislative powers over administrative, economic, financial, and energy issues for one year. He is far from the first Argentine president to be granted legislative powers. However, the measure is troubling for a number of reasons. The powers are justified based on a vaguely-worded and poorly-defined public “emergency” in these issues that leaves itself open to abuse. 

Experts warn that no president has ever received such broad powers without an underlying emergency to be addressed, adding that the leeway he’s been granted could allow him to legislate against international treaties that Argentina has granted constitutional status.  

What we’ve learned outside Congress has been as troubling as what’s gone on within its halls. Thousands of citizens gathered in the square and in neighborhoods across the country to protest the provisions in the law. In a minority of cases, protesters resorted to tactics such as throwing stones and burning trash cans. 

Protesters and press alike were met by brutal repression and arbitrary arrests. Police injured dozens of journalists, including with rubber bullets and chemical burns, when the bill was first debated in February. This time round, over 30 people were arrested, sent to federal prisons, and slapped with grossly exaggerated charges of attacking Argentina’s constitutional order. Most have since been released, but many could still face court cases.

False equivalence

The government came out calling the protesters “terrorists” who were attempting a “coup d’état.” In a country with recent memory of state terror, this false equivalence between protest with a minority of violent episodes and the horrors perpetrated by the last dictatorship is a particularly troubling distorsion of serious concepts.

Meanwhile, the government itself is facing accusations of abuse from international authorities of the highest level. On Tuesday, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, raised the alarm over the human rights situation in Argentina. Milei’s cuts, he said, endangered marginalized groups, women’s rights, and access to justice. He called for full respect for the right to peaceful assembly and freedom of expression.

Six months into his term, Milei has already shown a willingness to twist the letter of the law to breaking point to get his way. We need look no further than his mega-decree, a mechanism legally reserved for emergencies, that sought to overturn or modify dozens of laws in one fell swoop.

He must not use these new privileges to run roughshod over democratic norms. The ink on his maiden legislation is not yet dry, but we must hold him accountable.

Ley Bases: ¿mejor malo conocido?

Hay incógnitas claves alrededor de la Ley Bases, pero lo que sí se conoce ya es perturbador. 

A seis meses de asumir, el gobierno de Javier Milei recién está a punto de conseguir la aprobación de su primera ley.

La Ley Bases y el paquete fiscal han recibido luz verde tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja argentinas. Los diputados deberán aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por el Senado en una sesión prevista para la segunda mitad de esta semana. Aún así, con más o menos modificaciones, los proyectos se convertirán en ley.

La versión de la Ley Bases que aprobó el Senado fue recortada significativamente con respecto al proyecto original, pero algunas de las disposiciones más controvertidas que fueron eliminadas durante las negociaciones podrían ser reinstauradas cuando el proyecto regrese a Diputados.

Hay algunas incógnitas importantes. El gobierno de Milei podría impulsar la versión del proyecto que fue aprobada en Diputados, reincorporando las disposiciones que cayeron en el camino. Esto sería legal, pero la oposición ha dejado claro que tal decisión podría dañar gravemente la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo.

La principal de estas incógnitas es la cuestión de las privatizaciones. La oposición en el Senado logró eliminar a Aerolíneas Argentinas, la empresa de correo Correo Argentino y el grupo de medios estatal RTA de la lista de empresas que se privatizarán, pero aún no están completamente descartadas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo luego que no había acuerdo con la oposición sobre su suerte. Si los diputados rechazan esa modificación, las empresas podrían ser vendidas.

Francos también declaró que el gobierno insistirá en restablecer dos disposiciones clave del paquete fiscal que el Senado eliminó: un mínimo no imponible más bajo para el impuesto a las ganancias y recortes en Bienes Personales.

Ambiguo e impreciso 

Lo que sí sabemos es que todo lo que fue aprobado en Diputados y no tuvo cambios en el Senado se convertirá en ley. Ya sabemos también que al presidente Milei le otorgaron facultades extraordinarias por un año sobre temas administrativos, económicos, financieros y energéticos. Lejos está de ser el primer presidente argentino al que se le conceden facultades extraordinarias, pero la decisión resulta problemática por varias razones. La justificación para estos poderes legislativos se basa en una “emergencia” pública sobre estos temas que está redactada de manera ambigua e imprecisa, lo cual deja lugar a que existan abusos.

Los expertos advierten que ningún presidente ha recibido poderes tan amplios sin que haya una emergencia subyacente que resolver, y añaden que el margen de maniobra que se le ha concedido podría permitirle legislar contra tratados internacionales que en Argentina tienen rango constitucional.

Lo que hemos visto fuera del Congreso ha sido tan preocupante como lo que ha sucedido adentro. Miles de ciudadanos se reunieron en Plaza Congreso y en barrios de todo el país para protestar contra la ley. Una minoría de manifestantes recurrieron a tácticas como arrojar piedras y quemar cubos de basura.

Tanto los manifestantes como la prensa fueron recibidos con una represión brutal y detenciones arbitrarias. Cuando el proyecto de ley se debatió por primera vez en febrero, la policía hirió a decenas de periodistas, incluso con balas de goma y quemaduras químicas. Esta vez, más de 30 personas fueron arrestadas y enviadas a prisiones federales, adjudicándoles exageradamente la autoría de delitos como atacar el orden constitucional de Argentina. La mayoría de ellos ya han sido liberados, pero muchos aún podrían enfrentar procesos judiciales.

Falsa equivalencia

El gobierno salió a calificar a los manifestantes de “terroristas” que intentaban un “golpe de Estado”. En un país con memoria reciente del terrorismo de Estado, esta falsa equivalencia entre protestas con un puñado de episodios violentos y los horrores perpetrados por la última dictadura es una distorsión de conceptos serios que resulta particularmente preocupante.

Mientras tanto, el propio gobierno enfrenta acusaciones de abuso por parte de autoridades internacionales del más alto nivel. El martes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dio la alarma sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Los recortes de Milei, dijo, pusieron en peligro a los grupos marginados, los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia. Abogó por el pleno respeto de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión.

Seis meses después de asumir el cargo, Milei ya ha demostrado su voluntad de torcer la letra de la ley hasta el punto de romperla para salirse con la suya. No hace falta ver más allá de su megadecreto, un mecanismo legalmente reservado para emergencias, que buscaba revocar o modificar docenas de leyes de un solo golpe.

No debería usar sus nuevos privilegios para pisotear las normas democráticas. La tinta en la letra de su primera ley todavía está húmeda, pero aún así debemos hacerlo rendir cuentas.