Buenos Aires Herald editorial (Versión en español a continuación)

President Javier Milei uttered the phrase no hay plata (there’s no money) for the first time during his presidential inauguration in December. The portrayal of a broken state was the justification to bring down inflation through harsh austerity measures that, despite being touted as a way of making the “caste” pay for its wrongdoings, are crushing a vast majority of the country.  

The Milei administration has continually used its austerity rhetoric to put government spending in a chokehold, from pensions and public works to university budgets. But this week Argentina saw government officials boast about buying planes and politicians surreptitiously give themselves raises. There’s clearly money, but where’s it going?

On December 15, the freshly-minted government announced that it would sell two planes belonging to YPF because they were used almost exclusively for “political privileges.” This week, we saw Defense Minister Luis Petri head to Denmark and don combat fatigues to buy second-hand 24 F16 fighter jets for US$300 million. It came as Milei announced he would no longer travel by commercial flight, citing security concerns.

In addition, several government figures also saw a bump in their banking accounts. Presidential spokesperson Manuel Adorni got a significant pay raise. Senators decided to double their own salaries on Thursday in a two-minute vote, with a show of hands that isn’t written down in the Congress record. YPF directors requested the shareholders’ meeting to multiply their salaries by five, adding up to AR$10 billion. This means board members will cash AR$70 million pesos a month (US$78,650 at the official exchange rate, US$68,225 at the MEP rate) — including cabinet members Nicolas Posse and Guillermo Francos.

This is all happening while several branches of the University of Buenos Aires are switching off the lights because they can no longer afford the power bill. The Faculty of Medicine’s famed Hospital de Clínicas halved its usual activities and drastically reduced surgeries due to the slashed budget and the prices of medical essentials skyrocketing. The situation has become so critical that university authorities from the entire country will march on Tuesday to make their claims heard with multiple unions and organizations joining in solidarity.

Perhaps sensing that the demands were well-founded, the government announced a budget raise for the universities in the hopes the rally would be called off. However, UBA authorities were quick to point out that it was all a press move and that the situation remains largely the same. 

The government has also shown signs of disagreeing with its own budgeting with a series of U-turns on everything from car registrations to private health insurance. Last week, Economy Minister Luis Caputo tweeted that healthcare providers had gone too far and were “attacking the middle class” with their steep price hikes. On Wednesday the administration announced a six-month measure to make them backtrack. However, as many pointed out, those steep increases were a direct result of the government itself suddenly deregulating private healthcare via Milei’s mega-decree.

In just over four months we’ve watched the government create its own caste while the grind of political reality starts to wear it down, with political cracks beginning to appear under the strain, its austerity measures pummeling the most vulnerable all the while. Whether the future holds negotiation or doubling down remains to be seen but the vehement denial of responsibility has been constant we’ve come to expect.

As is usually the case with budgeting, the issue isn’t just the amount of money available, it’s priorities. In an economic crisis, it is unconscionable to splurge on fighter jets and eye-popping pay rises but obfuscate when universities can’t keep the lights on. A government should recognize — and own — its priorities.

Sí hay plata

Pero es para aviones de guerra y aumentos de sueldo a funcionarios, no para las universidades

El presidente Javier Milei pronunció la frase “No hay plata” por primera vez durante su toma de posesión presidencial en diciembre. La imagen de un Estado quebrado fue la justificación para reducir la inflación con duras medidas de ajuste que, promocionadas como una forma de hacer que la “casta” pague por sus errores, sin embargo están aplastando a una gran mayoría del país.

El gobierno de Milei ha utilizado continuamente su retórica de ajuste para estrangular el gasto público, desde jubilaciones y obras públicas hasta presupuestos universitarios. Pero esta semana Argentina vio cómo funcionarios del gobierno alardeaban de haber comprado aviones y políticos que, subrepticiamente, se daban enormes aumentos de sueldo. Claramente hay plata, pero ¿adónde va?

El 15 de diciembre, el nuevo gobierno anunció que vendería dos aviones pertenecientes a YPF porque se utilizaban casi exclusivamente para “privilegios políticos”. Esta semana vimos al ministro de Defensa, Luis Petri, viajar a Dinamarca y ponerse un uniforme militar para comprar 24 aviones de combate F16 por 300 millones de dólares. Esto sucedió mientras Milei anunció que ya no viajaría en vuelos comerciales, citando preocupaciones de seguridad.

Además, varias figuras del gobierno también vieron un aumento en sus cuentas bancarias.
El portavoz presidencial Manuel Adorni consiguió un importante aumento salarial. Los senadores decidieron duplicar sus propios salarios el jueves en una votación de dos minutos a mano alzada, que no consta en el acta del Congreso. Los directores de YPF solicitaron a la asamblea de accionistas multiplicar por cinco sus salarios, sumando AR$10  mil millones. Esto significa que los directores cobrarán AR$70 millones de pesos al mes (US$78.650 al tipo de cambio oficial, US$68.225 al tipo de cambio MEP), incluidos los miembros del gabinete Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Todo esto sucede mientras varias sedes de la Universidad de Buenos Aires tienen que apagar las luces porque ya no pueden pagar la factura de electricidad. El famoso Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina redujo a la mitad sus actividades habituales y disminuyó drásticamente las cirugías debido al recorte del presupuesto y al aumento vertiginoso de los precios de los artículos médicos esenciales. La situación se ha vuelto tan crítica que autoridades universitarias de todo el país marcharán el martes para hacer escuchar sus reclamos, y múltiples sindicatos y organizaciones se sumarán en solidaridad.

Quizás asumiendo que las demandas estaban bien fundadas, el gobierno anunció un aumento presupuestario para las universidades con la esperanza de que se cancelara la manifestación. Sin embargo, las autoridades de la UBA se apresuraron a señalar que todo fue una maniobra de prensa y que la situación sigue prácticamente igual.

 El gobierno también ha dado señales de estar en desacuerdo con su propio presupuesto revirtiendo decisiones acerca de todo, desde el registro automotor hasta las tarifas de la medicina prepaga. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó que las prepagas habían ido demasiado lejos y estaban “atacando a la clase media” con sus fuertes aumentos de precios. El miércoles, el gobierno anunció una medida de seis meses para obligarlos a dar marcha atrás. Sin embargo, como muchos señalaron, esos fuertes aumentos fueron el resultado directo de que el propio gobierno desreguló repentinamente la atención médica privada a través del megadecreto de Milei.

En poco más de cuatro meses hemos visto al gobierno crear su propia casta mientras la rutina de la realidad política comienza a desgastarlo, con grietas políticas que empiezan a aparecer ante presión, y sus medidas de ajuste golpeando todo el tiempo a los más vulnerables. Queda por ver si el futuro traerá negociaciones o un redoble de la apuesta, pero su vehemente negación de la responsabilidad ha sido una constante que ahora esperamos habitualmente.

Como suele ocurrir con la elaboración de presupuestos, la cuestión no es sólo la cantidad de dinero disponible, sino también las prioridades. En una crisis económica, es inconcebible que el gobierno derroche dinero en aviones de combate y aumentos salariales impresionantes, y luego se ofusque cuando las universidades no pueden tener las luces prendidas. Un gobierno debe reconocer sus prioridades. Y hacerse cargo de ellas.