Buenos Aires Herald editorial (Spanish version below)

This week, President Javier Milei’s government is celebrating the Senate approving his flagship Ley Bases and the successful quelling of “terrorists” attempting a “coup.” 

Without a doubt, the Ley Bases passing the Senate is a victory for the administration, which only has nine out of 72 seats in the upper house. But it’s a partial victory because it still has to go through the lower house to become law.

And what the government’s narrative fails to acknowledge is that, despite their best efforts, it’s the partial approval of the first bill to come close to becoming law in six months and passed with enormous political and social costs. It’s also a transparent attempt to put lipstick on a pig, i.e. to make the mass deployment of security forces overwhelming protesters with tear gas and rubber bullets as well as making dozens of arbitrary arrests palatable. 

Although the Senate didn’t deem that enough to halt the session, the world was watching — and few were applauding the Ley Bases going through.

Despite multiple attempts to overwhelm the legislature and push it through at all costs, this is a remarkably watered-down version of the Ley Bases, having gone from 664 articles to 238. 

The government was forced to make significant compromises to get the legislation through, like agreeing not to eliminate a pension moratorium and further shortening the list of public companies on the chopping block. Reduced though it may be, the Ley Bases remains a mammoth piece of legislation that implements wide-sweeping reforms that deeply affect the lives of Argentines. 

There’s also the fact that following months of negotiations, the final vote count was 36-36 so this victory isn’t a comfortable one. After all the histrionics, the administration demonstrated they could negotiate enough to reach an impasse. It took a tiebreak from Vice President Villarruel to get it through, which hadn’t happened since 2008 when Julio Cobos stunned the country by rejecting a government-backed bill. Villarruel happily toed the party line, however, speaking of “two Argentinas” and talking about protesters outside as “violent.” 

Protests against the Milei administration have been consistent since the announcement of the mega-decree and the first iteration of the Ley Bases was submitted to Congress in December. Despite six months of coexisting alongside democratic dissent, from weekly cacerolazos by neighborhood assemblies to a record two general strikes, the government has yet to engage with the escalating social demands in good faith. 

In fact, the presidential office was quick to publish a disturbing communiqué accusing protesters besieged by security forces of being terrorists and describing their opposition as an attempted coup as the country watched five deputies get hospitalized in the melée and police arresting bystanders as well as peaceful protesters. 

But more disturbing is the reality birthed by that online rhetoric, bolstered by Security Minister Patricia Bullrich’s security protocol, as the judiciary upheld the arbitrary arrests by slapping disproportionate federal charges on those who happened to be close to Congress while many tried to make their voices heard. And over the following days, big question marks hung over the fate of detainees: 17 have since been freed (but not cleared of their charges) while the rest remain behind bars over a long weekend. As with the protesters themselves, the outcry from human rights organizations has been disregarded.

Showing up to oppose a mammoth bill being negotiated behind closed doors and urging elected officials to vote against it does not violate democratic norms. Quite the contrary: it’s a straightforward exercise in citizens’ right to protest that deserves recognition. Protesting or being close to a protest is not a crime, and when crimes are committed there should be due process. The fact that the government, half of the Senate, parts of the judiciary, and Milei’s supporters cannot accept that simple fact is deeply concerning for what can be built — or destroyed — based on that disturbing misunderstanding.

Cover photo by Ignacio Petunchi

Protestar no es un delito

La ley bases fue aprobada por el Senado mientras las fuerzas de seguridad reprimían manifestantes y retenían a decenas de personas bajo cargos desproporcionados.

Esta semana, el gobierno del presidente Javier Milei celebró la aprobación en el Senado de su emblemática Ley de Bases y la exitosa represión de los “terroristas” que intentaban dar un “golpe de Estado”. 

Sin duda, la aprobación de la Ley de Bases en el Senado es una victoria para el Gobierno, que sólo cuenta con nueve de las 72 bancas de la Cámara Alta. Pero es una victoria parcial porque todavía tiene que pasar por la Cámara Baja para convertirse en ley.

Más allá de la victoria, lo que la narrativa del gobierno no reconoce es que, a pesar de sus esfuerzos, se trata de la aprobación parcial del primer proyecto que queda cerca de ser aprobado en seis meses de gobierno y que pasa con enormes costos políticos y sociales. También es un intento de maquillar la voluntad represiva, es decir, de hacer aceptable el despliegue masivo de fuerzas de seguridad que fustigan a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma, así como decenas de detenciones arbitrarias. 

Aunque el Senado no lo consideró suficiente para detener la sesión, el mundo estaba observando, y pocos aplaudieron la aprobación de las Bases Legales.

A pesar de los múltiples intentos de presionar al Congreso y sacar la ley adelante a toda costa, se trata de una versión notablemente suavizada de la Ley de Bases original, que pasó de tener 664 artículos a 238 en la versión aprobada por el Senado. 

El Gobierno se ha visto obligado a hacer importantes concesiones para sacar adelante la ley, como aceptar no eliminar la moratoria de las jubilaciones y reducir aún más la lista de empresas públicas a ser privatizadas. Por reducida que sea, la Ley de Bases sigue siendo una ley gigantesca que introduce reformas de gran envergadura que afectan profundamente a la vida de los argentinos. 

También hay que tener en cuenta que, tras meses de negociaciones, el resultado final de la votación fue 36-36, por lo que esta victoria no es cómoda. Después de todo el histrionismo del presidente, el gobierno demostró que podía negociar lo suficiente como acercar posiciones. Pero fue necesario un desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel para sacar la ley adelante, algo que no ocurría desde 2008, cuando Julio Cobos asombró al país al rechazar un proyecto de ley respaldado por el gobierno. Sin embargo, Villarruel se plegó a la línea del gobierno, hablando de “dos Argentinas” y calificando de “violentos” a los manifestantes que protestaban afuera. 

Las protestas contra el gobierno de Milei han sido constantes desde que se anunció el megadecreto presidencial y se presentó la primera versión de la Ley de Bases al Congreso en diciembre. A pesar convivir con la disidencia democrática hace seis meses, desde cacerolazos semanales de asambleas barriales hasta dos paros generales, el gobierno aún no se ha comprometido de buena fe con las crecientes demandas sociales. 

De hecho, la oficina presidencial se apresuró a publicar un inquietante comunicado en las redes sociales, en el que acusaba de terroristas a los manifestantes asediados por las fuerzas de seguridad y calificaba su oposición de intento de golpe de Estado, mientras el país veía cómo cinco diputados eran hospitalizados y cómo la policía detenía a transeúntes y a manifestantes pacíficos. 

Pero más perturbadora es la realidad que se vive ahora a raíz de esa retórica virtual, reforzada por el protocolo de seguridad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, mientras el poder judicial confirmaba las detenciones arbitrarias al imponer cargos federales desproporcionados a quienes estaban en las inmediaciones del Congreso. Y, durante los días siguientes, grandes interrogantes se plantearon sobre el destino de los detenidos: desde entonces, 17 han sido puestos en libertad (pero no absueltos de sus cargos), mientras que el resto permaneció entre rejas durante un largo fin de semana. Como en el caso de los propios manifestantes, el clamor de las organizaciones de derechos humanos ha sido desoído.

Manifestarse para oponerse a un gigantesco proyecto de ley que se negocia a puertas cerradas e instar a los legisladores a votar en contra no viola las normas democráticas. Todo lo contrario: es un ejercicio directo del derecho de los ciudadanos a protestar que merece reconocimiento. Protestar o estar cerca de una protesta no es un delito, y cuando se cometen delitos debe haber el debido proceso. El hecho de que el gobierno, la mitad del Senado, parte del poder judicial y los partidarios de Milei no puedan aceptar ese simple hecho es profundamente preocupante por lo que se puede construir — o destruir — sobre la base de ese alarmante malentendido.