Buenos Aires Herald editorial (versión en español a continuación)

News broke last week of a group of deputies from ruling coalition La Libertad Avanza (LLA) riding in an official Congress vehicle to visit a group of dictatorship criminals serving life imprisonment for crimes against humanity. Although government officials across the board have tried to distance the party from the controversial visit, the gap between the administration’s rhetoric and cozying up to repressors in federal prison is an artificial one.

According to reports from human rights organizations, these included the infamous former Navy captain Alfredo Astiz, known as the “Angel of Death,” as well as Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, and Adolfo Donda.

The story was shocking but not entirely unexpected. President Milei and Vice President Villarruel — who molded her career as a dictatorship apologist — have not been shy in their attempts to support and spread dictatorship propaganda since their electoral campaign. They have consistently echoed claims made by military commanders that Argentina was in the midst of a “war” and labeling those tortured and disappeared as “terrorists.” 

Since the news broke to widespread outrage, one deputy has told media that she got off the bus before they arrived at the federal prison — contending that they were not told by Deputy Beltrán Benedit, who spearheaded the visit — and there are rumors of a photo taken on the day, which has not been published anywhere. A judicial investigation is underway but actual details of the visit are scant. 

Condemnation of the visit brought together parties and sectors that have been at odds over almost everything, in some cases for decades. Argentina’s two major traditional parties, Unión Cívica Radical and Partido Justicialista, quickly released damning statements. More interesting perhaps was that the visit also sparked tension within LLA.

The ruling coalition is not the first political faction trying to cater to Argentina’s most reactionary sectors. However, elected deputies on a field trip to visit convicted repressors, brushing over some of the most horrific acts in the country’s history and parroting rhetoric that seeks to absolve those responsible is an escalation we hadn’t seen since the return of democracy. 

The party line imparted by top-ranking officials, including Security Minister Patricia Bullrich, has been that the decision to visit was a “personal” one. This ignores the glaringly obvious problem that we’re talking about democratically elected officials using a congressional vehicle to visit agents of genocide and uphold some of the most harmful narratives Argentina has the misfortune to be privy to. 

While the visit was condemned, the reasoning was not. Although they may have realized some line has been crossed — hence the distancing and lack of details — the administration does not seem to understand why it was fundamentally wrong. And that cannot be a mystery in Argentine politics.

The administration should not be given the luxury of ignoring the consequences of its own rhetoric. Milei’s administration has dared to target and bulldoze some of the most established ideas of Argentina’s 40-year-old democracy, such as social justice, empathy, and basic solidarity with those in need — and in some cases, one could say he succeeded. 

What these LLA deputies did and worse, felt emboldened to do, was violate one of the most basic democratic consensuses all major parties have shared since the 1970s: the rejection of political violence. 

Una vergonzosa ruptura del consenso democrático argentino 

Diputados de LLA visitaron a represores condenados en la cárcel y el gobierno no debe poder darse el lujo de ignorar las consecuencias de su propia retórica

La semana pasada se conoció la noticia de que un grupo de diputados del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) fueron en un vehículo oficial del Congreso a visitar a un grupo de criminales de la dictadura militar que cumplen sus condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Aunque un amplio rango de funcionarios gubernamentales intentaron distanciar al partido de esa polémica visita, la brecha entre la retórica del gobierno y juntarse con represores presos es puramente artificial.   

Según informes de organismos de derechos humanos, algunos de ellos fueron el infame ex capitán de fragata Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel de la Muerte”, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, y Adolfo Donda.  

La noticia fue impactante, pero no del todo inesperada. El presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel —que forjó su carrera como apologista de la dictadura— no han tenido pruritos en sus intentos de apoyar y difundir propaganda de la dictadura desde su campaña electoral. Han repetido constantemente las afirmaciones de los comandantes militares de que Argentina estaba en medio de una “guerra”, y han etiquetado a los torturados y desaparecidos como “terroristas”.

Desde que se conoció la noticia, que generó una indignación generalizada, una diputada dijo a los medios que se bajó de la van antes de que llegaran a la cárcel (afirmando que el diputado Beltrán Benedit, que encabezó la visita, no les había avisado) y hay rumores de que se tomó una foto ese día, que no se ha publicado en ninguna parte. Hay una investigación judicial en marcha, pero los detalles reales de la visita son escasos.

La condena de la visita juntó a partidos y sectores que han estado enfrentados en casi todo, en algunos casos durante décadas. Los dos principales partidos tradicionales de Argentina, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, rápidamente emitieron declaraciones condenatorias. Tal vez lo más interesante fue que la visita también desató tensiones dentro de LLA.

La coalición gobernante no es la primera facción política que intenta complacer a los sectores más reaccionarios de Argentina. Sin embargo, el hecho de que diputados electos hayan visitado a represores convictos, pasando por alto algunos de los actos más horrendos de la historia del país y hayan repetido una retórica que busca absolver a los responsables es una escalada que no habíamos visto desde el regreso de la democracia.

La línea oficial que han transmitido funcionarios de alto rango, incluida la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha sido que la decisión de visitar el país fue una decisión “personal”, ignorando el problema evidente de que estamos hablando de funcionarios elegidos democráticamente que utilizan un vehículo del Congreso para visitar a agentes del genocidio y defender algunas de las narrativas más dañinas que Argentina tiene la desgracia de conocer.

La visita fue condenada, pero no el razonamiento detrás de ella. Si bien es probable que se hayan dado cuenta de que cruzaron un límite —de ahí el distanciamiento y la falta de detalles—, el gobierno no parece entender en qué se equivocó fundamentalmente. Y eso no puede ser un misterio en la política argentina.

El gobierno no debería poder darse el lujo de ignorar las consecuencias de su propia retórica. La administración de Milei se ha atrevido a atacar y arrasar con algunas de las ideas más arraigadas de la democracia argentina de 40 años, como la justicia social, la empatía y la solidaridad básica con los necesitados, y en algunos casos, se podría decir que tuvo éxito.

Lo que estos diputados de la LLA hicieron y, peor aún, se sintieron envalentonados a hacer, fue violar uno de los consensos democráticos más básicos que todos los partidos principales han compartido desde la década de 1970: el rechazo a la violencia política.