Buenos Aires Herald editorial (versión en español a continuación)

This week, Argentina’s public education system has been in the eye of the storm, as students around the country occupy faculties and academic and administrative staff strike to protest their pay shrinking to a pittance.

But La Libertad Avanza is pursuing a multi-pronged attack on Argentina’s public institutions, and over the past week it has become clear that they are setting their sights on healthcare.

A week ago, workers at the Laura Bonaparte mental health hospital in Buenos Aires warned that the government had informed them that the inpatient and urgent care services were being shut down. Days later, after flash protests by the workers, the government clarified that the hospital will be “restructured,” but not closed down.

This came just a few days after incoming health minister Mario Lugones asked for the resignations of the board of the Garrahan hospital for granting the staff bonuses of AR$500,000 — even though it was paid from funds already in the hospital’s coffers, supposedly to be used at the hospital’s discretion. The message was clear: there’s zero tolerance for anything that could be interpreted as state largesse.

Cuts to Argentina’s public health services could hardly come at a worse time. Spiraling private health insurance costs during a cost of living crisis have forced many middle-class Argentines to turn to the public system. And for the majority of Argentines living in poverty, public hospitals are their last hope. The deep economic crisis pushed 11% of Argentines into poverty in the first half of 2024. From mental health crises to convulsions and eye injuries caused by malnutrition, for many, public healthcare is the last chance before the void.

The Bonaparte is the country’s only national government-owned public hospital dedicated to addictions. If it’s closed, where will impoverished people with substance abuse issues go? 

Governments have a responsibility to guarantee that their populations can access healthcare. Whether that is done with a public system, comprehensive private health insurance, mutuals, health funds based on workers’ jobs, or a blend of the above varies between countries. But it has to exist. 

The government has announced no policies on how it would guarantee the population’s access to health, and the new health minister has barely got his feet under the table. Recent announcements that the Health Ministry would partner with the PAMI to lower the costs of cancer drugs and treatments in a context where people are no longer buying medicines because they literally can’t afford them are welcome, but they fall short.

Attacking public health at this time means pushing the population off the boat without a life raft.

Los hospitales públicos de Argentina, el próximo objetivo 

Tras el veto al presupuesto universitario, el ataque generalizado del gobierno a las instituciones públicas ahora tiene la mira puesta en la salud

Esta semana, el sistema de educación pública de Argentina estuvo en el ojo de la tormenta. Los estudiantes de todo el país tomaron facultades y el personal académico y administrativo paró para protestar por la reducción de sus salarios a una miseria.

Pero La Libertad Avanza está llevando a cabo un ataque múltiple contra las instituciones públicas de Argentina, y la semana pasada quedó claro que tienen la mira puesta en el sistema de salud.

Hace una semana, los trabajadores del hospital de salud mental Laura Bonaparte en Buenos Aires advirtieron que el gobierno les había informado que los servicios de atención de pacientes internados y de urgencias estaban siendo cerrados. Días después, tras las protestas repentinas de los trabajadores, el gobierno aclaró que el hospital será “reestructurado”, pero no cerrado.

Esto se produjo apenas unos días después de que el nuevo ministro de salud, Mario Lugones, pidiera la renuncia de la junta directiva del hospital Garrahan por otorgar al personal bonos de AR$500.000, a pesar de que se habían pagado con fondos que ya estaban en las arcas del hospital, supuestamente para ser utilizados a discreción. El mensaje fue claro: hay tolerancia cero para cualquier cosa que pueda interpretarse como generosidad estatal.

Los recortes a los servicios de salud pública de Argentina difícilmente podrían llegar en un peor momento. Los aumentos de la medicina prepaga durante una crisis del costo de vida han obligado a muchos argentinos de clase media a recurrir al sistema público. Y para la mayoría de argentinos viviendo en la pobreza, los hospitales públicos son la última esperanza. En el primer semestre de 2024, la profunda crisis económica ha empujado al 11% de los argentinos a la pobreza. Desde crisis de salud mental hasta convulsiones y lesiones oculares causadas por la desnutrición, para muchos la atención médica pública es la última oportunidad antes de la nada.

El Bonaparte es el único hospital público nacional del país dedicado a las adicciones. Si se cierra, ¿a dónde irán las personas pobres con problemas de abuso de sustancias?

Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que sus ciudadanos puedan acceder a atención médica. Si eso se hace con un sistema público, una empresa de medicina prepaga, una mutual, una obra social sindical, o una combinación de todas ellas, es algo que varía de un país a otro. Pero tiene que existir.

El gobierno no ha anunciado políticas sobre cómo va a garantizar que la gente tenga acceso a la salud, y el nuevo ministro de salud recién está empezando. Los anuncios recientes de que el Ministerio de Salud se asociaría con el PAMI para reducir los costos de los medicamentos y tratamientos contra el cáncer en un contexto en el que las personas ya no compran medicamentos porque literalmente no pueden pagarlos son bienvenidos, pero se quedan cortos.

Atacar la salud pública en este momento significa empujar a la gente fuera de borda, sin darle un bote salvavidas.