Thursday
October 19, 2017
Friday, April 21, 2017

Truenos lejanos

Si bien el nombre de la coalición gobernante del presidente Mauricio Macri, Cambiemos, se debe al objetivo declarado de hacer política de otra manera, el primer año de Macri en el gobierno demostró una coexistencia sorprendentemente armoniosa con los dos pilares más tradicionales del peronismo: el sindicalismo y los gobernadores del interior. El paro general a principios de este mes consolidó la ruptura cada vez más profunda con los sindicatos, mientras la relación con las provincias no ha llegado a tal punto (Macri se reunió una vez más con los gobernadores esta semana, manteniendo abiertas, al parecer, todas las líneas de diálogo). Sin embargo, las chances de un conflicto comienzan a multiplicarse.

Este riesgo es más visible en ciertas áreas, especialmente en lo que concierne al tema más candente de las últimas semanas: las huelgas docentes. El rechazo del gobierno de Macri a las paritarias nacionales ha dejado el problema en manos de los gobernadores, muy a pesar de ellos. Una diferencia importante con respecto al 2016 son las elecciones legislativas de octubre. Por fuera de la mitad bonaerense del país (ciudad y provincia), la coalición de Macri gobierna sólo en tres provincias (y podría resultarle difícil preservar al menos una de ellas — Corrientes — donde se realizarán las primeras elecciones de este año durante el mes de junio). Todas las demás son gobernadas por partidos opositores (generalmente peronistas), que se verán obligados a competir electoralmente con Cambiemos. El gobierno de Macri nunca podría haber logrado una relación tan fluida con el líder del bloque mayoritario en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, sin un entendimiento básico con la mayoría de los gobernadores, pero eso podría cambiar pronto. Una de las principales armas electorales serán las obras públicas y los proyectos de viviendas, y en este punto se cree que el gobierno de Macri estaría planeando una medida que probablemente irrite a los gobernadores. De la misma manera que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enviaba fondos directamente a los intendentes del Gran Buenos Aires, eludiendo así al exgobernador Daniel Scioli, el gobierno de Macri estaría eludiendo a los jefes provinciales para tratar con los contratistas. La principal excusa del sector privado por la falta de crecimiento económico es la pesada presión fiscal, y el gobierno propone abordar este reclamo en al menos dos sentidos que podrían contrariar a las provincias. En primer lugar, la lista de eventuales reducciones fiscales está encabezada por el impuesto a los ingresos brutos, un enorme porcentaje de la recaudación provincial. En segundo lugar, la ruta más básica hacia los recortes impositivos es la reducción del Estado, y casi dos tercios de los 3,5 millones de empleados públicos de la Argentina son provinciales.

No hay que desestimar esta tensión potencial con las provincias, ya que si bien la mayoría de los medios suelen concentrarse en temas como las candidaturas potenciales de Elisa Carrió o Martín Lousteau, nada menos que 80 de las 127 bancas de diputados que se renovarán en octubre serán decididas por fuera de Buenos Aires (ciudad y provincia). Por esa misma razón, el gobierno (que no puede ignorar totalmente este factor) podría inclinarse por aplazar algunos de estos enfrentamientos potenciales, pero existe sin duda un conflicto en ciernes para las relaciones federales.

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