Thursday
July 27, 2017
Friday, February 10, 2017

Con el pie izquierdo

No es la primera vez que hemos tenido que acusar al gobierno de Mauricio Macri de ser cuando menos indiferente a los derechos humanos, pero lamentablemente, la designación del abogado Carlos Horacio de Casas para representar a la Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos obliga a repetirlo. La primera objeción de muchas organizaciones de derechos humanos contra De Casas es el hecho de que su único aporte a los tantos juicios por el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura de 1976-83 fue la defensa del represor mendocino Enrique Gómez Saa. Es evidentemente una objeción grave, pero aun cuando se adopta la mirada más benévola sobre el rol de De Casas (que tal vez se apiadaba de los lunáticos, ya que Gómez Saa terminó siendo declarado demente, o consideraba al oficial como también víctima de la dictadura por haberse enfrentado al comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez), es importante destacar que esta designación sigue siendo deplorable.

De Casas debe ser considerado del todo inapropiado para el CIDH, no sólo por este caso lamentable sino también porque el resto de su carrera está completamente desligada de los derechos humanos. De Casas ha sido esencialmente un abogado corporativo experto en hallar lagunas fiscales para sus clientes empresariales; difícilmente el perfil adecuado para un defensor de los oprimidos del hemisferio. Sin pedirle a Macri que busque entre los excelentes candidatos de que se hallan en las organizaciones argentinas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, tiene gente mucho más apta aun en sus propias filas. Un ejemplo podría ser el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón; no es que Cantón haya demostrado interés en cambiar de puesto, pero la coalición de Macri tiene la variedad necesaria para contener a candidatos de calidad similar, o al menos superior a De Casas. No hay ninguna razón por la cual el retiro de esta candidatura los dejaría a Macri y al secretario Claudio Avruj sin posibilidades de hallar un representante igualmente fiel y mucho más apropiado para el CIDH.

En el 2009, el entonces jefe de Gobierno porteño, Macri, se vio obligado a aceptar que su primera opción de jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, había sido un error, y ahora debería estar llegando a una conclusión similar sobre el jefe de la AFI Gustavo Arribas y también sobre De Casas; el reconocimiento de los errores no tiene por qué ser sinónimo del fracaso político. Pero cualquier cosa sería mejor que reforzar la impresión de que la presidencia de Macri es hostil a los derechos humanos.

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