Tuesday
February 21, 2017
Friday, January 6, 2017

Una historia de dos jucios

Los tribunales se hallan en plena feria judicial, como suele suceder durante el primer mes del año, pero al finalizar 2016, hubo bastante actividad relámpago en Tribunales; especialmente con centro en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la líder social de Jujuy Milagro Sala (ver el otro editorial). Dado que los juicios sobre las irregularidades en los contratos de obras públicas patagónicas y la denuncia del difunto fiscal especial Alberto Nisman sobre el atentado terrorista contra el centro comunitario judío AMIA en 1994 fueron convocados en la misma semana y contra la misma acusada (CFK), los casos suelen colocarlos en pie de igualdad, pero éste sería un gran error. La causa que encabeza el juez federal Julián Ercolini tiene fundamentos en los indicios documentdos de supuestas irregularidades por las cuales CFK y sus coacusados aún deben ofrecer explicaciones concretas. Podríamos preguntar por qué se investigan estas irregularidades en particular y no otras en otras provincias, con diferentes beneficiados, pero sólo sería un argumento para investigar las demás y no para disputar la validez de esta causa.

En contraste, la reapertura de la denuncia de Nisman es un desastre institucional en general y una distracción ante cualquier avance real en la causa AMIA, en particular. Luego de haber sido desestimada en tres niveles judiciales por ser una compilación infundada de habladurías, chismes y recortes de prensa, su resurgimiento representa potencialmente un antecedente para reabrir cualquier causa, convirtiendo así a la justicia en una historia sin fin. Una de las principales razones de su pronta desestimación fue la percepción de que perturbaba la división de poderes al intentar enviar a juicio el acuerdo con Irán; para bien o para mal, las políticas diplomáticas (como también todas las demás) corresponden al ámbito ejecutivo y no al judicial. De lo contrario, no tendría sentido elegir un gobierno. El terror que causó 85 muertes en la AMIA sigue siendo un trauma nacional. Si el hecho es que ciertos sospechosos que habrían encubierto el atentado — sean jueces, fiscales, líderes de la comunidad, agentes de inteligencia o políticos, algunos de los cuales se hallan en el banquillo de los acusados en un juicio oral no muy difundido que comenzó en agosto pasado — están violando el estado de derecho para reabrir la turbia denuncia de Nisman, no podrá sanarse la memoria de este país.

El gran riesgo es que el receso judicial se extienda más allá de este mes; si bien será simplista hablar de una persecución política, existen todas las razones para temer que la Justicia se subordinará a la conveniencia política.

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