¿Importa la inflación?

La inflación es un impuesto tan obvio para los pobres que la total indiferencia de un gobierno populista frente a su irresolución es un misterio —sobre todo cuando el argumento presentado desde 2003, por el que la inflación es, en algún modo, el precio del crecimiento, ya no puede ser aplicado. Pero desafortunadamente existe más de una razón para suponer que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner persistirá en ese camino inflacionario. En primer lugar, CFK ansía demostrar cierta coherencia con su trayectoria luego de decirle al resto del mundo durante los últimos años que la mejor manera de salir de una crisis de gasto deficitario es gastando más: tal como observó una vez Henry Kissinger, la mayoría de los políticos preferirían fracasar antes que cambiar. Pero más allá de las consecuencias inflacionarias adversas de expandir la base monetaria en un 35-40%, el fisco estaría de fiesta, ya que ninguna porción de los fondos recaudados con el “impuesto inflacionario” (quizás sean 70-75.000 millones de pesos) debe ser sometida a la coparticipación federal con las provincias: en realidad, la inflación sólo aumenta la dependencia de las provincias frente al gobierno nacional. Pero este año en particular no tenemos motivo alguno para esperar un desaceleramiento de la inflación a partir del rápido abandono de los subsidios a las tarifas del transporte y de los servicios en aras de la “sintonía fina”: se calcula que el gobierno aceptará mayor inflación como el precio a la “sintonía fina”, del mismo modo que aceptó antes la inflación como precio al crecimiento. Al menos en la medida en que acepte existe alguna inflación significativa en primer lugar, luego de negarla durante cinco años.

También está el desconcertante problema de la tasa cambiaria. El gobierno de CFK no quiere absorber el total del desfasaje de los últimos años, aún al precio de una economía cada vez menos competitiva, ya que el shock inflacionario sería demasiado grande hasta para sus parámetros —de allí la brecha cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Sin embargo, estas brechas profundas no permiten que el gobierno se resista totalmente a la devaluación con el impacto resultante sobre los precios a medida que se debilita el último resguardo antiinflacionario del tipo de cambio.

No hay ninguna razón real, entonces, para pretender que este gobierno apriete los dientes y sufra los costos políticos de la austeridad en el corto plazo. ¿Se puede esperar, entonces, que continúe indefinidamente esta situación por la que el gobierno gana con la inflación mientras que el resto del país pierde? Más temprano que tarde, la inflación sin crecimiento impactará sobre los salarios y las jubilaciones, y en ese momento, el gobierno quizás se dé cuenta de la profundización del malhumor en lo político al mismo tiempo que en la economía.